RedacciónLa política de tolerancia cero del gobierno de Rolando Figueroa frente a las irregularidades en el empleo público dio esta semana un paso más contundente que los anteriores: no solo cesantía, sino también denuncia penal. Ángela Irene Herrera, auxiliar de servicio de la Escuela Primaria N°98 de Plottier y agente del Consejo Provincial de Educación (CPE), fue desvinculada del Estado provincial después de que una auditoría confirmara que adulteró un certificado médico para justificar inasistencias.
La investigación administrativa comenzó el 15 de agosto de 2024, cuando un informe de la Dirección General de Salud Ocupacional del CPE detectó irregularidades en un certificado médico presentado el 14 de marzo de ese año. Lo que llamó la atención de los auditores fueron tachaduras y falta de claridad en los plazos de reposo consignados en el documento, señales que en este tipo de auditorías funcionan como disparadores de la investigación formal.
El certificado fue rechazado de inmediato, lo que derivó en que las inasistencias del período en cuestión quedaran automáticamente injustificadas. La médica interviniente fue consultada en el marco del expediente y su declaración fue terminante: reconoció la autoría de su firma y la confección original del documento, pero fue categórica en aclarar que la anotación que modificaba el plazo de reposo no pertenecía a su puño y letra ni constituía una modalidad válida de prescripción médica. En la práctica, alguien había tomado el certificado original y le había cambiado los días de licencia.
El gobierno provincial convalidó la resolución del CPE que le impuso la cesantía a Herrera y fue más lejos: instruyó al organismo educativo a presentar la correspondiente denuncia penal ante la Justicia para que se investigue la adulteración del instrumento médico como posible delito. El decreto que formaliza la desvinculación fue explícito en la gravedad de la conducta: "Lejos de constituir una mera irregularidad formal, la falsificación de documentación destinada a justificar inasistencias laborales vulnera de manera irremediable los deberes esenciales de probidad, buena fe y rectitud que todo agente público debe observar en el ejercicio de sus funciones". Y fue aún más directo en la conclusión: "La adulteración de instrumentos médicos no solo atenta contra el régimen de asistencia, sino que constituye una inconducta fraudulenta incompatible con la permanencia en la administración pública".
Este caso tiene una diferencia sustancial respecto a los anteriores casos de ausentismo o certificados truchos que derivaron en cesantías: la denuncia penal convierte la conducta en un asunto que la Justicia deberá resolver más allá del ámbito disciplinario. Falsificar o adulterar un documento público es un delito tipificado en el Código Penal argentino, independientemente de que se trate de un empleado estatal. El expediente judicial determinará si hubo responsabilidad penal y, de ser así, sus consecuencias irán mucho más allá de la pérdida del empleo.
