RedacciónLa tierra es un recurso estratégico, finito e irrecuperable. Esa convicción está en el centro del proyecto que el gobernador Rolando Figueroa envió esta semana a la Legislatura provincial para modificar la Ley 263 de Tierras Fiscales. La iniciativa establece una condición que el propio mandatario resumió con claridad: las tierras neuquinas solo podrán ser vendidas o arrendadas a argentinos.
El proyecto modifica el artículo 1° de la norma vigente y fija que el Poder Ejecutivo deberá promover el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal mediante su arrendamiento y enajenación en forma progresiva y orgánica, priorizando a los auténticos trabajadores del campo. La nueva redacción también incorpora como principio rector que la tierra no debe constituir exclusivamente un bien de renta, sino fundamentalmente un instrumento de trabajo y desarrollo.
La restricción al acceso por parte de personas o empresas extranjeras es el núcleo político de la iniciativa, pero el proyecto va más allá de ese límite. También define con precisión cuáles deben ser los objetivos de la política de tierras provincial: la protección del campesinado, la reactivación productiva de los suelos fiscales y el incentivo a proyectos ganaderos, agrícolas, forestales, turísticos e industriales, con especial énfasis en iniciativas que generen valor agregado. A eso se suman como objetivos explícitos la promoción del arraigo, la generación de empleo, el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales que integran el dominio provincial.
La iniciativa llega en un momento de particular relevancia en el debate nacional sobre la tierra. El Senado de la Nación tiene previsto para el próximo 6 de agosto la discusión de modificaciones al régimen nacional de tierras, una agenda que en las últimas semanas incorporó cambios durante su tratamiento en comisión. En ese contexto, el proyecto provincial de Figueroa apunta a dejar en claro que Neuquén no va a esperar que el debate nacional defina el destino de su territorio: la provincia avanza con su propia regulación sobre las tierras fiscales de dominio neuquino, ejerciendo la potestad que le corresponde como jurisdicción soberana sobre su suelo.
En paralelo, Figueroa había solicitado a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que planteara en el Senado nacional un límite cuantificable a la venta de tierras a extranjeros en el ámbito federal, una posición que complementa la iniciativa provincial y que refleja una estrategia de doble vía: regulación propia hacia adentro y presión política hacia el debate nacional.
La apuesta de fondo del proyecto es que la tierra pública deje de ser un activo especulativo para convertirse en un motor de desarrollo con identidad provincial. Que sea para quienes la trabajan, para quienes se quedan, para quienes construyen futuro en el territorio neuquino. En un país donde la extranjerización de tierras sigue siendo un debate sin resolver, Neuquén decidió tomar la iniciativa.
