Neuquén País

Certificados médicos falsos y meses sin presentarse: el gobierno de Figueroa cesanteó a tres agentes del Estado provincial

Un enfermero del Hospital Castro Rendón fue exonerado tras comprobarse que presentó certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias en 2024. Otras dos empleadas de distintos ministerios fueron cesanteadas por abandono de cargo luego de faltar de manera injustificada durante períodos prolongados. En los tres casos, el Estado provincial investigará si cobaron por los días no trabajados y, de confirmarse, irá a la Justicia para recuperar esas sumas.
Política11 de agosto de 2026RedacciónRedacción

La política de tolerancia cero del gobierno de Rolando Figueroa frente a las irregularidades en el empleo público llegó este martes con tres nuevas desvinculaciones formalizadas mediante decreto. Los casos son distintos en su naturaleza pero comparten un denominador común: conductas documentadas que son incompatibles con el ejercicio de la función pública y que el Estado neuquino no está dispuesto a tolerar.

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El caso más grave, tanto por la conducta en sí como por el cargo que implicaba, es el de Walter Ezequiel López, enfermero de planta permanente del Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén. El sumario administrativo abierto en su contra determinó que presentó certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias ocurridas el 3 de abril, el 14 de mayo, el 22 de mayo y el 6 de junio de 2024. Los certificados truchos hacían mención a diagnósticos como "síndrome febril y vómitos", "síndrome febril por dengue", "síndrome gripal sintomático" y "gripe sintomática".

La investigación dejó al descubierto cómo se habría cometido la maniobra. Un médico declaró que guardaba su sello en el cajón del escritorio al que los enfermeros tenían acceso. Otro testimonio fue aún más contundente: un profesional afirmó que jamás atendió a López y que ni siquiera era su médico, que dejaba el sello sobre su escritorio y que el imputado habría podido tomarlo. Los auditores concluyeron que no existe excusa que lo deje fuera del reproche disciplinario y calificaron sus acciones como reflejo de "notoria indignidad moral", señalando además que la conducta podría configurar un delito contra la administración pública. Por la gravedad de los hechos, López recibió la sanción de exoneración, la más severa del régimen disciplinario, más grave que la cesantía. Si se comprueba que cobró los días no trabajados, el Estado iniciará acciones para recuperar esas sumas.

Las otras dos desvinculaciones corresponden a casos de abandono de cargo. Laura Alejandra Peralta, agente de planta permanente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, faltó de manera injustificada desde el 2 al 5 de enero y del 22 de enero al 5 de junio de 2024. Al prestar declaración, sostuvo que nunca registró sus asistencias con huella digital sino con planilla y que no sabía usar la plataforma "Mis Licencias". Sin embargo, su superior jerárquico fue categórico: durante el período investigado, las asistencias se controlaban exclusivamente con fichado de huella digital, y el envío de justificaciones por WhatsApp no tiene ni tuvo nunca validez reglamentaria. El Estado investigará si Peralta cobró por los días no trabajados y, de ser así, iniciará acciones judiciales bajo el argumento del posible enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública.

El tercer caso es el de Celsa Victoria Soria, personal de planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, quien faltó de manera injustificada durante todos los días laborables comprendidos entre el 2 de enero y el 28 de junio de 2024, casi seis meses completos. La propia agente reconoció las inasistencias durante la investigación, pero no aportó ninguna prueba que pudiera justificarlas. La cesantía fue la consecuencia inevitable.

Cuidar los recursos del Estado no es un slogan: es la condición para que esos recursos lleguen a quienes los necesitan. Cada peso que se paga por un día no trabajado es un peso que no va a salud, a educación o a las políticas sociales que sostienen a las familias neuquinas. Por eso, la gestión Figueroa no solo aplica las sanciones que corresponden sino que también investiga si hubo cobro indebido y actúa en consecuencia.

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