RedacciónEl Estado neuquino no tiene lugar para quienes lo traicionaron desde adentro. Esa es la premisa que el gobernador Rolando Figueroa viene sosteniendo con firmeza desde el inicio de su gestión y que este viernes tomó forma en un nuevo decreto que completa la purga administrativa de los responsables de la estafa con Planes Sociales, una de las causas de corrupción más escandalosas de la historia reciente de la provincia.
El decreto, que lleva también la firma del ministro de Trabajo y Desarrollo Humano, Lucas Castelli, dispuso la exoneración de cuatro agentes que fueron hallados responsables de delitos contra la administración pública en el marco de la causa judicial: Tomás Siegenthaler, Luis María Gallo, Julieta Mariana Oviedo y Aaron Escobar. La exoneración es la sanción máxima prevista por el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial y se aplica cuando existe condena por delitos incompatibles con la permanencia en la función pública.
El quinto caso tiene una particularidad. Marines Elizabeth Huaiquipán, agente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano durante la gestión anterior, fue sobreseída en el proceso penal pero sancionada en el ámbito administrativo. El decreto reconoce circunstancias atenuantes en su situación personal: es sostén de familia y cuidadora de una persona con discapacidad. Por esa razón, en su caso se aplicó la cesantía en lugar de la exoneración, una distinción que el propio decreto explicita y que refleja un criterio de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones.
La maniobra que derivó en estas desvinculaciones fue reconstruida por la fiscalía durante el juicio celebrado el año pasado. Según la acusación, entre 2020 y 2022 una organización criminal estable con división de funciones defraudó al Estado mediante el cobro irregular de planes sociales. Aunque el tribunal no encontró acreditada la figura de asociación ilícita y condenó a los imputados por administración fraudulenta, las penas fueron contundentes: hasta cinco años de prisión efectiva para los máximos responsables, entre ellos el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza. También fueron condenados el abogado Alfredo Cury, el exdirector de Fiscalizaciones Pablo Néstor Sanz y el jefe de informática Marcos Osuna, entre otros.
Las cesantías de este viernes no son las primeras. En enero pasado, Figueroa había exonerado a Osuna, Sanz y Soiza. En marzo, fue el turno de Alfredo Cury y la agente Laura Reznik. Con los cinco casos de este viernes, el Ejecutivo provincial completa la separación definitiva de todos los agentes involucrados en la causa que ya tenían condena o sanción administrativa firme.
En paralelo, la causa judicial sigue su curso. El Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía de Estado llevan adelante audiencias ante el tribunal de impugnación para revisar las penas impuestas y buscar revertir las absoluciones por el delito de asociación ilícita. Las defensas de los condenados también presentaron recursos. El capítulo judicial de esta historia todavía no terminó. Pero el capítulo administrativo, el de quienes usaron un cargo público para robarle a los más vulnerables, se cerró este viernes con firma y decreto.
