Redacción
La resolución confirma que los bienes y cuentas bancarias de Ruiz quedan afectadas por un monto que ronda los $120 millones, solicitado por la fiscalía. En paralelo, una segunda funcionaria también enfrenta embargo por un monto estimado de $90 millones.
La decisión se apoya en una audiencia iniciada el pasado 17 de octubre, cuando la fiscalía presentó los cargos formales contra Ruiz por haber incrementado su patrimonio sin que se acreditara el origen de los fondos. Entre los hechos señalados figura la compra de una camioneta 4×4 valorada en más de $76 millones en junio de 2024, pese a que sus ingresos declarados eran por montos muy inferiores. También se investiga una serie de contrataciones directas desde la Legislatura de la Provincia de Neuquén para servicios de publicidad que, según los fiscales, fueron utilizados con fines personales.
En su fallo, el tribunal recordó que las medidas cautelares como los embargos o inhibiciones de bienes tienen como finalidad “asegurar la eventual reparación del daño al Estado” y evitar que la imputada disponga de sus activos mientras avanza la investigación. Sin embargo, los jueces también subrayaron que en una resolución anterior se había cometido un exceso al dictar una inhibición general de bienes —sin individualización de montos o bienes— lo que motivó una devolución parcial de esa medida meses atrás.
Desde el ámbito de la defensa de Gloria Ruiz se ha señalado que la causa tiene un fuerte componente político, y han cuestionado la proporcionalidad de los montos y la celeridad con que se tomaron las cautelares. Mientras tanto, la investigación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén continúa con allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, para indagar los vínculos familiares y empresariales que rodean al caso.
La confirmación de los embargos marca un nuevo capítulo en un expediente que ya sacudió a la política provincial, pues Ruiz había sido destituida de su cargo por “inhabilidad moral” en diciembre de 2024, tras un proceso en la Legislatura por falta de ética en el desempeño institucional. Ahora, queda pendiente la etapa de elevación a juicio, si la fiscalía así lo decide, lo que podría derivar en sanciones penales o económicas.
