RedacciónMientras buena parte de la política argentina sigue debatiendo cómo recuperar la confianza ciudadana, Neuquén ya está dando pasos concretos. Esta semana se concretó el primer sorteo sorpresivo de exámenes toxicológicos para funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, en el marco de la reglamentación de la Ley 3531, una iniciativa impulsada por el propio gobernador Rolando Figueroa que convierte a la provincia en una de las pioneras del país en normar y ejecutar controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas para quienes ocupan los cargos de mayor jerarquía en los tres poderes del Estado.
El mecanismo se puso en marcha luego de la publicación del decreto 234/26, firmado por el gobernador, que aprobó el Anexo I con la reglamentación detallada de la ley. El sistema combina dos elementos centrales: el factor sorpresa y la inmediatez. Las personas seleccionadas por sorteo reciben una notificación formal y disponen de apenas 24 horas para presentarse en un laboratorio autorizado y someterse a la toma de muestras, garantizando así que ningún funcionario tenga margen para anticiparse al control.
El antecedente de esta política no es improvisado. Ya durante 2025, el propio gobernador Figueroa y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia se habían sometido voluntariamente a análisis toxicológicos para impulsar la iniciativa con el ejemplo. También se conoció que el diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez, y Zulma Reina, a cargo de la Legislatura provincial, ya se habían presentado a los controles. Lo que antes era un gesto voluntario de algunos dirigentes hoy se transformó en una obligación legal ineludible para ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos.
El protocolo es riguroso. Mediante muestras de orina, se analiza la presencia de metabolitos asociados al consumo reciente de cocaína, derivados cannábicos, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos sin prescripción médica. El organismo encargado de administrar los sorteos trimestrales es el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), que selecciona de manera aleatoria al 12,5% del universo total de funcionarios alcanzados por la ley en cada período, garantizando que a lo largo del año la totalidad del plantel jerárquico del Estado neuquino sea evaluada bajo estrictas condiciones de transparencia.
La normativa también contempla garantías para los evaluados: ante un resultado preliminar positivo, el funcionario puede solicitar un test confirmatorio sobre una segunda muestra de resguardo lacrada, y quienes tengan tratamientos farmacológicos específicos pueden adjuntar la prescripción médica correspondiente dentro de las 48 horas posteriores. Pero el sistema es estricto en sus exigencias: la negativa injustificada o la no presentación dentro del plazo estipulado se considera automáticamente como un resultado positivo, activando de inmediato los mecanismos de sanción y remoción. Además, el costo de los análisis no recae sobre las arcas públicas: se descuenta directamente del sueldo del funcionario evaluado.
Para supervisar todo el proceso y dictaminar ante eventuales resultados positivos confirmados, se creó la Comisión Evaluadora Interpoderes, integrada por representantes de la salud laboral o pericial médica del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Con este andamiaje en marcha, Neuquén consolida una política que pone el cuidado de la función pública y la confianza ciudadana por encima de cualquier privilegio. Quien ocupa un cargo de decisión sobre la vida de miles de neuquinos debe estar a la altura de esa responsabilidad, también en su propio cuidado.
