Redacción
En marzo de 2025, un tribunal de juicio condenó a los acusados —Maximiliano Lagos, José Jafri, Néstor Cau y Germán Antilaf— a prisión perpetua por “privación ilegítima de la libertad agravada seguida de muerte”.
Pero el 8 de agosto de 2025, el Tribunal de Impugnación de Río Negro revocó la condena y absolvió a los imputados, basando su decisión en “inconsistencias” detectadas en pruebas genéticas y odorológicas, además de cuestionar testimonios indirectos usados en el juicio original.
En noviembre, la causa volvió a dar un giro: uno de los acusados —Maximiliano Lagos— fue declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia de impugnación; la fiscalía insiste en que la absolución no está firme y busca reabrir el debate.
Qué pide la Fiscalía ahora
La nueva solicitud presentada ante el tribunal habilita una revisión profunda del fallo absolutorio. Entre los argumentos centrales:
Que la sentencia de agosto desestimó de forma injustificada pericias científicas —como el análisis del cabello conocido como “pelo 17” y otras muestras genéticas/forenses— que habían sido determinantes en la condena inicial.
Que los testimonios que vinculaban a los acusados con la víctima y su rutina —y que daban cuenta de actos preparatorios, como el hurto de la bicicleta de Otoño— no fueron valorados con la debida consideración.
Que existe la posibilidad de que los hechos tengan implicancias más amplias: la querella incluso sugiere investigar si hubo una red de trata de personas detrás del crimen, lo que podría requerir intervención federal.
Reacciones: familia, sociedad y polémica
La familia de Otoño —junto a organizaciones de memoria y derechos humanos— ya anunció que presentará un recurso extraordinario de nulidad del juicio, con la intención de reabrir la causa, revisar todas las pruebas y, de ser necesario, ampliar la investigación hacia posibles redes de trata o complicidades institucionales.
Mientras tanto, la comunidad de Fernández Oro y Cipolletti continúa movilizada: se convocaron marchas de protesta exigiendo justicia y denunciando lo que consideran “otra negación judicial”.
El pedido de la Fiscalía marca un nuevo capítulo en un caso que atraviesa múltiples obstáculos: demoras, revisión de pruebas, decisiones contradictorias —y una larga lucha por verdad y memoria que, 19 años después del crimen, no está aún saldada.
