RedacciónDurante años, la Cooperativa 127 Hectáreas fue una pieza activa en la política habitacional de la provincia de Neuquén. Recibió tierras del Estado, firmó convenios con organismos públicos y construyó un esquema de acceso a la vivienda que atrajo a cientos de familias de trabajadores, docentes y empleados que veían en la cooperativa una alternativa real al mercado inmobiliario formal. Hoy, ese mismo esquema está en el centro de una investigación penal por presunta estafa y de la primera auditoría que el Estado provincial realiza sobre su funcionamiento.
El gobierno de Rolando Figueroa confirmó la creación de una Comisión Auditora interministerial mediante una resolución conjunta firmada por la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares. El organismo ya está en funcionamiento y tiene como objeto central investigar el estado de los terrenos que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y ADUS cedieron en tenencia precaria a la cooperativa liderada por Jorge Salas, mediante tres decretos provinciales dictados entre 2010 y 2015. En conjunto, las fracciones bajo análisis suman algo más de 38 hectáreas, distribuidas en sectores del Lote 1 y el Lote 2 de la denominada Chacra "La Sirena", que Neuquén recibió por transferencia del Estado Nacional en 2003.
La comisión tiene 60 días para presentar un informe final, prorrogables si la complejidad del relevamiento lo justifica. Sus integrantes deberán determinar si existen ocupantes o asentamientos en esos sectores, si se introdujeron construcciones o mejoras sin la autorización de los organismos administradores y, sobre todo, qué intervención tuvieron en esas obras las empresas contratadas por la cooperativa. Un punto que puede tener consecuencias mayores: si durante el trabajo de la comisión surgieran indicios de hechos que comprometan el interés fiscal o dominial del Estado provincial, el organismo está obligado a elevar un informe a las autoridades superiores y al IPVU/ADUS para que se evalúen acciones judiciales adicionales. En la práctica, los hallazgos de la auditoría podrían engrosar la causa penal que ya está en curso.
Esa causa está a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero y abarca al menos 32 denuncias por estafas reiteradas presentadas ante el Ministerio Público Fiscal. El monto inicial de las denuncias ronda los 10,5 millones de pesos y 500 dólares, pero los propios referentes de los damnificados sostienen que el universo real de afectados podría superar las 1.400 personas, con aportes individuales de entre 5.000 y 8.000 dólares cada una. Lo que se investiga abarca tres zonas: La Sirena Unificada, La Meseta neuquina y los barrios de Centenario I y II. En el caso de La Meseta, la fiscalía no considera el caso como un simple incumplimiento contractual sino como una estafa, ya que se ofrecieron en loteo tierras que serían fiscales y que no podían subdividirse en los tamaños prometidos a los compradores.
Entre los damnificados hay un actor institucional de peso: la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), que solicitó ser querellante particular para reclamar 44 viviendas adeudadas a un grupo de docentes afiliados. La secretaria general del gremio, Fany Mansilla, calificó el esquema como un "fraude institucionalizado" y denunció que la cooperativa utilizó un convenio marco firmado con el sindicato como una herramienta para generar confianza entre los trabajadores.
Jorge Salas, presidente de la cooperativa, acumula también un perfil institucional que hace aún más llamativa la situación: hasta febrero de 2025 ocupó el cargo de director de Hábitat y Urbanismo en el IPVU, del que renunció cuando estalló la denuncia en su contra. La Fiscalía ya solicitó fecha para la formulación de cargos formales contra él, según confirmó el fiscal Pablo Vignaroli.
Desde que los reclamos de los damnificados se intensificaron, un grupo de socios también viene exigiendo ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas la intervención de la cooperativa para apartar a Salas de la presidencia, sin haber obtenido hasta ahora respuesta oficial. La creación de la Comisión Auditora es, en ese contexto, la primera señal concreta de que el Estado provincial decidió dejar de mirar para otro lado frente a una situación que involucra tierras públicas, familias que pusieron sus ahorros en un sueño habitacional y un sistema que, si los hechos denunciados se confirman, utilizó la forma cooperativa para vaciar ese sueño de contenido.
