Se abrió el jury contra la jueza de Junín de los Andes por presunta violencia laboral: 16 cargos desde 2015

El Jurado de Enjuiciamiento de Neuquén dio un paso decisivo en una de las causas más sensibles del Poder Judicial provincial. Mediante el Acta 375/2026, firmada el 8 de octubre y aprobada por unanimidad, abrió formalmente el proceso contra la jueza Andrea Di Prinzio, titular del juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Junín de los Andes, a quien se le atribuye mal desempeño en el ejercicio de la magistratura. Todos los integrantes adhirieron al voto de la presidenta del cuerpo, la defensora general Vanina Merlo.

La acusación enumera 16 cargos que la Comisión Especial consideró sustentados en testimonios videofilmados e informes técnicos del propio Poder Judicial. Todos responden a lo que el dictamen describe como un ejercicio sistemático de violencia laboral y de prácticas de gestión incompatibles con los deberes funcionales. Según esa reconstrucción, desde 2015 la jueza se habría dirigido a empleadas, funcionarias, operadoras de las Oficinas de Violencia, integrantes de equipos técnicos y abogadas con gritos, humillaciones públicas y frases descalificantes. El dictamen habla de un “hostigamiento rotativo”, en el que las agresiones pasaban de una persona a otra y quienes trabajaban en el juzgado vivían en estado permanente de alerta.

Entre los episodios que se le atribuyen figuran haber gritado y golpeado un escritorio cuando una funcionaria pidió el pase a otra dependencia, haber empujado levemente a una operadora de la Oficina de Violencia durante una discusión en un pasillo, y haber tratado al personal con expresiones como “hormigas esclavas”. También se le reprochan comentarios sobre la vestimenta y el cuerpo de empleadas, cuestionamientos a una funcionaria durante su lactancia y frases dirigidas a mujeres que llegaban al juzgado por causas de familia o violencia. Hay además cargos por represalias contra quienes pedían traslados o se presentaban a concursos.

Uno de los cargos tiene un peso particular. Según dos testimonios, la magistrada habría repetido ante el personal que nadie iba a poder tocarla y que estaba protegida. Para la Comisión, por la posición jerárquica de quien las pronunciaba, esas expresiones eran aptas para desalentar reclamos y reforzar la percepción de impunidad. Los informes de Salud Ocupacional y Gestión Humana completan el cuadro: registran un malestar laboral de larga data, licencias psicológicas reiteradas y múltiples pedidos de traslado.

Di Prinzio rechazó las acusaciones en su descargo y negó haber pronunciado las expresiones que se le atribuyen. Contó que asumió en 2015 en un juzgado nuevo, sin personal ni edificio, y que heredó más de 1.500 causas. Admitió que al principio le costó la conducción del equipo y dijo que en 2017 y 2018 hizo coaching por recomendación de Gestión Humana. Aseguró que no es la persona que se describe en la denuncia, que lleva un año sin trabajar, que sufrió escraches con su foto en edificios judiciales y que quiere volver a su juzgado.

El Jurado tomó otras dos decisiones. Rechazó la suspensión provisoria que había pedido la Comisión Especial: Merlo recordó que desde la reforma de la Ley 2.698 esa medida dejó de ser automática y debe usarse como último recurso, y que la jueza está de licencia, alejada del contacto con potenciales testigos. Y no admitió al sindicato judicial SEJUN como amigo del tribunal, a pesar de que la causa nació de una denuncia del propio gremio. Argumentó que no acreditó personería ni especial idoneidad, y señaló que en el expediente también se detectaron indicadores de violencia laboral en formas mixtas, entre ellas acciones gremiales inadecuadas.

El camino hasta acá no fue lineal. Una primera Comisión archivó la denuncia y en mayo el Jurado anuló ese dictamen por falta de investigación. Una nueva Comisión declaró admisible el jury en julio.

Ahora el expediente pasa al fiscal jefe Agustín García, que tiene seis días para formular la acusación. Luego la jueza y sus abogados tendrán el mismo plazo para presentar su defensa, y ambas partes pueden extenderlo otros seis días. El Jurado quedó integrado por Merlo, los conjueces Lucas Yancarelli y Federico Sommer, los diputados Yamila Hermosilla y Alberto Bruno, y los abogados Carlos Omar Bustos y Alejandro Héctor Jofré. Hasta que haya una resolución, rige la presunción de inocencia.