Redacción
La iniciativa, presentada originalmente por el gobierno de la provincia como un proyecto de ley integral para abordar la prevención, el combate y la restauración tras incendios rurales y forestales, tuvo su ingreso a la Legislatura en marzo del 2025.
El texto propone la creación de un órgano especializado —el Servicio Provincial de Manejo del Fuego— dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, con jurisdicción sobre todo el territorio provincial.
Uno de los ejes centrales es el establecimiento del Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental, que tendría dos cuentas diferenciadas: una para prevención y combate del fuego, y otra para la recuperación ambiental de zonas afectadas. Este fondo se nutriría con recursos del presupuesto provincial, contribuciones voluntarias, recaudaciones por servidumbre hidrocarburífera y otras fuentes.
En el ámbito parlamentario, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable retomó el análisis del proyecto y acordó circular un borrador para incluir observaciones de los distintos sectores. En esa instancia, se debatieron los alcances de las competencias entre la Secretaría de Emergencias y la de Ambiente, la integración de los municipios y de las comunidades originarias, y la necesidad de evitar solapamientos con las leyes existentes (como la Ley 3252) que regulan incendios y quema controlada.
El proyecto también prevé que los municipios y los consorcios de prevención dispongan de brigadas mínimas de ataque inicial, capacitaciones, equipamiento y apoyo estatal para su operatividad. Además, se plantean sanciones graduales para quienes provoquen incendios (leves, graves, muy graves).
En paralelo, la provincia refuerza sus acciones: en agosto de 2025 se informó que se está construyendo una estrategia con otras provincias patagónicas para conformar un sistema regional de alerta, monitoreo y respuesta rápida ante incendios, lo que muestra que la ley será parte de un marco más amplio de gestión ambiental.
El avance normativo se da en un contexto de alertas: una temporada seca, riesgo alto de incendios forestales y la necesidad de articular recursos humanos, logísticos y tecnología para responder. Así la ley no solo busca acción inmediata, sino también establecer una estructura de largo plazo para enfrentar emergencias cada vez más frecuentes.
