
Neuquén impulsa un nuevo sistema para el manejo integral del fuego forestal
Redacción
La iniciativa, presentada originalmente por el gobierno de la provincia como un proyecto de ley integral para abordar la prevención, el combate y la restauración tras incendios rurales y forestales, tuvo su ingreso a la Legislatura en marzo del 2025.
El texto propone la creación de un órgano especializado —el Servicio Provincial de Manejo del Fuego— dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, con jurisdicción sobre todo el territorio provincial.
Uno de los ejes centrales es el establecimiento del Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental, que tendría dos cuentas diferenciadas: una para prevención y combate del fuego, y otra para la recuperación ambiental de zonas afectadas. Este fondo se nutriría con recursos del presupuesto provincial, contribuciones voluntarias, recaudaciones por servidumbre hidrocarburífera y otras fuentes.
En el ámbito parlamentario, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable retomó el análisis del proyecto y acordó circular un borrador para incluir observaciones de los distintos sectores. En esa instancia, se debatieron los alcances de las competencias entre la Secretaría de Emergencias y la de Ambiente, la integración de los municipios y de las comunidades originarias, y la necesidad de evitar solapamientos con las leyes existentes (como la Ley 3252) que regulan incendios y quema controlada.
El proyecto también prevé que los municipios y los consorcios de prevención dispongan de brigadas mínimas de ataque inicial, capacitaciones, equipamiento y apoyo estatal para su operatividad. Además, se plantean sanciones graduales para quienes provoquen incendios (leves, graves, muy graves).
En paralelo, la provincia refuerza sus acciones: en agosto de 2025 se informó que se está construyendo una estrategia con otras provincias patagónicas para conformar un sistema regional de alerta, monitoreo y respuesta rápida ante incendios, lo que muestra que la ley será parte de un marco más amplio de gestión ambiental.
El avance normativo se da en un contexto de alertas: una temporada seca, riesgo alto de incendios forestales y la necesidad de articular recursos humanos, logísticos y tecnología para responder. Así la ley no solo busca acción inmediata, sino también establecer una estructura de largo plazo para enfrentar emergencias cada vez más frecuentes.


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