RedacciónTrabajar para el Estado no es un privilegio irrevocable. Es una responsabilidad que implica estándares de conducta que, cuando se incumplen de manera grave y sostenida, tienen consecuencias concretas. Esa es la premisa que el gobierno de Rolando Figueroa viene aplicando desde el inicio de su gestión, y que esta semana dejó dos nuevas cesantías formalizadas mediante decretos del Poder Ejecutivo provincial.
El caso que genera mayor preocupación por su naturaleza es el de Alicia Beatriz Ruiz Celiz, agente de planta permanente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano que se desempeñaba en un Centro de Desarrollo Infantil de la ciudad de Neuquén. El sumario administrativo que derivó en su desvinculación fue ordenado el 28 de mayo de 2024 por la Subsecretaría de Familia, luego de que alumnas y docentes del Instituto de Formación Docente N° 12 realizaran una denuncia formal por lo que aseguraron haber presenciado el 6 de junio de 2023, mientras desarrollaban sus pasantías en la institución.
Las estudiantes describieron ante las autoridades una serie de conductas que el expediente oficial calificó como prácticas inadecuadas e incompatibles con la tarea de una educadora: retos con carga de violencia, tratos bruscos hacia los niños, gritos, vocabulario inapropiado y actitudes de estigmatización hacia los pequeños. Los afectados eran niños de sala de tres años, uno de los grupos más vulnerables y dependientes del vínculo con quienes los cuidan. Lo que más llamó la atención a los instructores del sumario fue que la propia imputada, al ser consultada durante la investigación, declaró que no comprendía por qué se la consideraba maltratadora, lo que dejó en evidencia una naturalización de esas conductas que hacía aún más necesaria la intervención. Dos de las otras agentes investigadas en el mismo expediente recibieron sanciones menores: una fue suspendida por omisión y la otra sobresidada por encontrarse con licencia médica al momento de los hechos.
El segundo caso involucra al ex cabo primero del Cuerpo Penitenciario Ángel Albino Currumil, cuya trayectoria disciplinaria habla por sí sola. Entre el 24 de agosto de 2024 y el 2 de enero de 2025, en apenas cinco meses, acumuló un total de 93 días de arresto policial por infracciones reiteradas al Régimen Disciplinario Policial. El reglamento es claro al respecto: la acumulación de más de 60 días de arresto en el lapso de un año constituye causal automática de cesantía. Currumil superó ese umbral en casi un tercio, sin que las sanciones previas modificaran en ningún sentido su conducta. La Jefatura de Policía solicitó formalmente su destitución el 23 de julio de 2025 y el Poder Ejecutivo la formalizó mediante decreto en las últimas horas.
Quienes trabajan en el cuidado de la infancia o en la seguridad pública tienen una responsabilidad que va mucho más allá de cumplir un horario. Los niños que asisten a un Centro de Desarrollo Infantil merecen un entorno seguro y afectuoso. Los ciudadanos que interactúan con el sistema penitenciario merecen agentes que cumplan con los estándares mínimos de conducta. Cuando eso no ocurre, el Estado tiene la obligación de actuar. Y en Neuquén, bajo la gestión de Figueroa, está actuando.
