RedacciónAfuera de la Sala 12 de la Ciudad Judicial, trabajadoras del Centro de Atención a la Víctima donde Azul Semeñenko era cafetera, referentes sindicales y organizaciones de derechos humanos acompañaron el cierre de un juicio histórico para Neuquén. Adentro, el fiscal jefe Agustín García cerró el alegato de la acusación con una frase que resume todo: Sánchez no mató a Azul por lo que hizo, sino por lo que es.
La Fiscalía, integrada también por la asistente letrada Agustina Jarry y con la investigación conducida por la fiscal Guadalupe Inaudi, pidió que el jurado popular declare a Roberto Daniel Sánchez culpable de homicidio agravado por tres circunstancias: ensañamiento, odio o prejuicio por la identidad de género de la víctima, y violencia de género en tanto hombre que mató a una mujer en ese contexto.
El eje del alegato fue la reconstrucción de la madrugada del 25 de septiembre de 2025. Las cámaras de seguridad mostraron a Azul ingresando a la vivienda de Sánchez en calle Copahue al 1100 a la 1.50 de la mañana. Ese fue también el último registro de actividad de su teléfono celular. Según la Fiscalía, la secuencia de imágenes que siguieron permite reconstruir cómo fue el ataque, qué hizo Sánchez durante el día posterior y de qué manera, durante la madrugada del 26, trasladó el cuerpo de Azul envuelto en un gazebo y atado con cuerdas y alambres, hasta un canal de desagüe en la zona de Pergamino, a unos 16 kilómetros de la vivienda. Un dispositivo de lectura de patentes cercano al aeropuerto y una cámara en los alrededores de una antena de telefonía en Río Colorado registraron el paso de su camioneta Ford Ranger blanca durante ese trayecto.
Azul fue encontrada el 14 de octubre, de manera fortuita, cuando un vecino guiado por su perro llegó hasta el lugar donde estaba oculta. Para la Fiscalía, el modo en que el cuerpo fue descartado, en un sitio no visible a simple vista, fue en sí mismo evidencia de la intención de esconder el crimen.
La autopsia determinó al menos 25 lesiones de arma blanca, fracturas en el rostro, la mandíbula, las costillas y los antebrazos. Dos heridas tenían entidad mortal: una comprometía el corazón y la otra la aorta. El médico forense describió el caso como un ejemplo de overkill, una cantidad de lesiones muy superior a la necesaria para causar la muerte, que la Fiscalía vinculó con indicadores de crímenes de odio. García fundamentó la agravante de ensañamiento en esa violencia que excedió el acto de matar, incluyendo lesiones defensivas que mostraban el intento de Azul de protegerse durante el ataque.
Para probar el componente de odio o prejuicio por la identidad de género, la Fiscalía retomó los testimonios de la antropóloga Josefina Fernández, de la activista y referente trans María Belén Correa y de un especialista en criminalística. García describió las condiciones de vulnerabilidad estructural que atraviesan las mujeres trans, la situación de desigualdad de poder dentro de la vivienda de un cliente y las expresiones despectivas hacia personas trans que surgieron de las comunicaciones telefónicas incorporadas a la causa. Para la acusación, el prejuicio no se demuestra por la existencia de un vínculo sexual, sino por el trato hacia la víctima, las expresiones utilizadas, la violencia desplegada y la conducta posterior al crimen.
El alegato también rebatió con firmeza las hipótesis defensivas. Frente a la posibilidad de una emoción violenta, García señaló que la conducta de Sánchez durante el día posterior al crimen, manteniendo su rutina, llevando a sus hijos al colegio y trabajando en la gomería, era incompatible con esa figura jurídica. Las cámaras lo mostraron sin lesiones visibles en el torso, lo que la Fiscalía contrapuso a la hipótesis de una agresión mutua. Y la hipótesis de una neurosífilis como factor desencadenante fue descartada por no contar con respaldo en los antecedentes médicos presentados.
García también cuestionó la credibilidad de varios testigos de la defensa: una vecina que aportó información sobre un sector de la vivienda que, según su propia declaración, nunca había visto desde adentro; la expareja del imputado, cuyas comunicaciones grabadas revelaron que le indicó a su hija que no mencionara las agresiones físicas “para no hundir a Sánchez”; y una trabajadora sexual trans que reconoció haber recibido dinero del defensor, dato que no había mencionado en un primer momento.
La Fiscalía rechazó los intentos de presentar a Sánchez como una persona sin antecedentes violentos y de desacreditar a Azul a partir de su identidad, su actividad laboral o el consumo de sustancias. La acusación pidió que el jurado evalúe la prueba de manera integral y que le dé al crimen el nombre que corresponde.
El veredicto del jurado popular se conocerá este lunes.
