La Justicia le pone fecha a la acusación contra Jorge Salas por la estafa con lotes de la Cooperativa 127 Hectáreas

Después de más de un año de investigación, diez allanamientos y cientos de damnificados reclamando en la calle y ante los tribunales, la causa por las estafas reiteradas con lotes de la Cooperativa 127 Hectáreas tiene fecha para su audiencia de formulación de cargos. El próximo 27 de agosto a las 8.30, en la Sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén capital, la fiscal Rocío Rivero de la Unidad de Delitos Económicos acusará formalmente a Jorge Salas, presidente de la cooperativa, y a otros diez integrantes de la excomisión directiva, entre ellos la exvicepresidenta Roxana Huircaman y la extesorera Beatriz Lebrero.

El juez de garantías Luciano Hermosilla conducirá el proceso, que tendrá al defensor Emanuel Alfredo Roa Moreno del lado de los imputados y a la querella del estudio jurídico de Mariano Mansilla, junto a los abogados Agustina Procoppo, Juan Kairuz y Luis Ezequiel Otarola Douguett, representando a las víctimas.

La causa se abrió en mayo de 2025, cuando la fiscalía de Delitos Económicos realizó diez allanamientos simultáneos en la sede de la cooperativa y en domicilios de sus directivos. En ese momento, las denuncias formales ya superaban las treinta, pero los abogados de los damnificados estimaban que el universo real de afectados podía superar las mil personas, todas ellas con el mismo relato: habían pagado entre 5.000 y 8.000 dólares con la promesa de acceder a un lote propio en proyectos como La Sirena Unificada y La Meseta, y ese lote nunca llegó.

La figura jurídica que la fiscalía sostiene es la de estafa reiterada: personas que confiaron en una estructura que usó la forma cooperativa para generar credibilidad, cobró sumas significativas y no entregó lo prometido. Entre los damnificados hay docentes agrupados en ATEN, que solicitó ser querellante para recuperar 44 viviendas adeudadas a sus afiliados y que definió el esquema como un "fraude institucionalizado". También hay familias que pusieron los ahorros de años esperando una casa propia que nunca vieron.

El caso tiene aristas que van más allá de lo estrictamente judicial. Salas debió renunciar a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo del IPVU, organismo provincial que también está bajo la lupa por las tierras que cedió en tenencia precaria a la cooperativa y que hoy son objeto de auditoría por parte del gobierno de Figueroa. La cooperativa funcionó durante años en sintonía con las políticas habitacionales provinciales, lo que le dio una legitimidad institucional que facilitó la captación de socios y dinero.

Salas nunca habló con medios locales sobre el tema, pero sí lo hizo en una entrevista nacional donde reconoció haber entregado casas a familiares directos y conocidos, algo que no constituye en sí mismo un delito pero que proyecta una sombra ética sobre el manejo de una entidad que manejaba recursos de cientos de familias.

La audiencia del 27 de agosto no devuelve los lotes ni el dinero a quienes los perdieron. Pero es el paso que transforma meses de reclamos en una acusación formal con nombre, apellido y fecha. Para las más de mil familias que esperan respuestas, es al menos la señal de que la Justicia llegó.