23 años después, la Fiscalía Federal pidió llevar a juicio a 19 imputados por la desaparición de Sergio Ávalos en Las Palmas

Han pasado 23 años desde que Sergio Daniel Ávalos entró al boliche Las Palmas en Neuquén y no volvió a salir. Esta semana, la Fiscalía Federal dio el paso más importante de toda la investigación: solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas de haber participado en su desaparición forzada, un delito que el Código Penal argentino castiga con entre 10 y 25 años de prisión.

Sergio tenía 18 años, era oriundo de Picún Leufú y estudiaba Economía en la Universidad Nacional del Comahue. En la madrugada del 14 de junio de 2003 concurrió al local ubicado en Primeros Pobladores 2000 junto a otros estudiantes. Fue visto por última vez adentro del establecimiento entre las 6.30 y las 7 de la mañana. Tres días después, el encargado de las residencias universitarias denunció su ausencia. Desde entonces, nadie supo más de él.

La fiscal federal interina Luisina Tiscornia presentó el requerimiento ante el Juzgado Federal N°2 y fue categórica: la evidencia reunida es suficiente para ir a juicio. "Con los elementos colectados se puede afirmar que la víctima fue retenida dentro del lugar, y luego trasladada para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias que aún se desconocen", sostuvo en el escrito.

Lo que la fiscalía describe es un esquema de control y violencia que funcionaba de manera sistemática dentro del local. El personal de seguridad estaba compuesto por seis militares del Batallón de Ingenieros de Montaña 6, cinco policías provinciales y tres empleados civiles, todos interconectados por handies que les permitían comunicarse en tiempo real sobre lo que ocurría en cada rincón del boliche. Había cámaras instaladas en barras, cajas, taquilla, ingreso y otros sectores estratégicos. Y existía un cuarto conocido como "cuartito de seguridad" al que eran llevados los clientes cuando había algún conflicto, donde eran agredidos física y verbalmente.

Para la fiscalía, ese esquema constituía un "aparato de violencia organizado" con un modo de operar predefinido, bajo la dirección del dueño del local y la coordinación del encargado, ambos imputados como partícipes necesarios. El resto, once personas acusadas como coautores y ocho como partícipes necesarios.

La noche de la desaparición de Ávalos, lejos de ser tranquila como declararon varios de los imputados, estuvo marcada por al menos una pelea que dejó sangre en el sector utilizado como enfermería, una agresión en el denominado "túnel" y una situación conflictiva vinculada al sistema de "ticket-vaso" que regía el ingreso y la salida del local. Y las grabaciones de esa noche no existían: la explicación de los imputados fue que "se acabó la cinta". Para Tiscornia, esa justificación no resulta verosímil dado el nivel de control que el propio local se jactaba de tener sobre todo lo que ocurría adentro.

Las irregularidades no se limitaron a esa noche. La investigación detectó la destrucción de documentación policial y la ausencia de un registro en el parte diario de novedades del Hospital Castro Rendón, donde una trabajadora había anotado un llamado de una persona que dijo saber lo que había pasado pero que nunca se identificó.

La causa llegó a la Justicia federal en 2014, después de que la querella, la UNCo y el Ministerio Público Fiscal lograran que la Corte Suprema declarara que la desaparición de Ávalos debía investigarse como desaparición forzada de persona. Desde entonces, se realizaron más de cien declaraciones testimoniales, tareas de investigación de campo, relevamientos en cementerios de Río Negro y Neuquén y pericias de ADN en restos óseos hallados en la región, con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense. La búsqueda de Sergio continúa activa en paralelo al proceso judicial.

La fiscal también subrayó el impacto de este tipo de delitos sobre las familias: "Es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: por un lado, para la víctima directa, y por el otro para los miembros de la familia, quienes esperan en vilo durante muchos años noticias acerca de su ser querido". Su hermana Mercedes y su padre Asunción llevan 23 años esperando esas noticias. El pedido de elevación a juicio es, al menos, la señal de que la verdad todavía tiene camino por recorrer.