45% más de reclamos en un año: alquileres, deudas con Mercado Pago y conflictos entre vecinos marcan el pulso de la crisis en Neuquén

Cuando una institución como la Defensoría del Pueblo crece un 45% en reclamos en un año, no es porque haya mejorado su difusión o su accesibilidad. Es porque la gente la necesita más. Eso es exactamente lo que ocurrió en Neuquén durante el primer semestre de 2026: 1.315 actuaciones iniciadas entre enero y junio, contra las 908 del mismo período de 2025. Un salto que el propio Defensor, Gustavo Pereyra, no duda en atribuir a la situación económica y que proyecta con claridad hacia adelante: si el ritmo se mantiene, el año podría cerrar con 2.600 actuaciones totales, unas 1.000 más que el año anterior.

El dato más revelador no es el número total sino el desglose. De las 1.315 actuaciones del semestre, 855 corresponden a orientaciones y consultas jurídicas, la franja que más creció. Y dentro de ese universo, el rubro que más pesa son los reclamos por alquileres y acceso a la vivienda, con 133 actuaciones. "La situación económica ha traído mucha controversia entre los titulares de viviendas y los inquilinos", explicó Pereyra. Una ciudad que recibe 21 familias nuevas por día, con un mercado de alquileres saturado y contratos que generan conflictos permanentes, tiene en los problemas habitacionales una de sus fracturas sociales más visibles.

Pero la crisis habitacional no es el único frente que se abrió. Las operaciones financieras y comerciales sumaron 83 consultas, con las deudas con Mercado Pago y con el Banco Provincia del Neuquén como ejes recurrentes. Las multas provenientes de otras provincias, que generan dolores de cabeza a ciudadanos neuquinos que transitaron rutas de otras jurisdicciones, llegaron a 89 consultas. Los reclamos por derechos del consumidor alcanzaron las 65 actuaciones. Completan el cuadro las consultas penales y contravencionales, los problemas familiares, los de servicios públicos y los trámites jubilatorios.

Pereyra señaló algo que habla de un cambio de fondo en el perfil de la ciudad. Durante años, la Defensoría funcionó principalmente como un canal de reclamos contra el Estado: asfalto que faltaba, luz que no llegaba, cloacas que no existían. Hoy ese eje se desplazó. De las 855 orientaciones del semestre, apenas 31 corresponden a servicios públicos municipales o provinciales, un número históricamente bajo. "Ya no se demanda tanto el acceso a los servicios, el asfalto, la luz, el gas, la cloaca. Las cuestiones ambientales también se redujeron bastante", detalló el Defensor. La lectura que él mismo hace es que muchos de esos reclamos ahora encuentran respuesta dentro del propio Estado antes de llegar a la Defensoría. "Hoy estamos orientados a los problemas que tiene la gente dentro de la sociedad misma, más que a los problemas que tiene la gente en contra del Estado", resumió.

El área de mediación comunitaria también tuvo actividad intensa: 322 actuaciones en el semestre, encabezadas por transacciones comerciales en conflicto, disputas de convivencia entre vecinos, conflictos de alquileres, problemas familiares y cuestiones ambientales. Pereyra destacó que el organismo resuelve aproximadamente la mitad de los casos que ingresan por esta vía, pero que el dato más significativo es otro: cuando esos conflictos llegan a la Justicia, los tribunales están tomando los acuerdos alcanzados en la Defensoría como antecedente prejudicial. "Eso es muy valioso, porque significa que la Justicia los está haciendo pesar a la hora de fallar", señaló.

El área de quejas y reclamos propiamente dichos sumó 91 actuaciones, con las multas y tributos en la zona urbana como categoría dominante, seguidas por cuestiones ambientales, obras públicas y ordenamiento territorial. Entre los casos más representativos que la Defensoría destacó en este período aparecen los reclamos por provisión de servicios en el sector Bardas Rojas, el abastecimiento de agua para familias de Mapu Mew y los conflictos por uso de suelos entre desarrollos urbanos y actividades productivas: tres frentes que describen con precisión las tensiones de una ciudad que no para de crecer pero que no siempre crece de manera ordenada ni equitativa.

Los números de la Defensoría no son solo estadísticas. Son el retrato social de una ciudad que se expande, que concentra riqueza en algunos sectores y precariza a otros, y donde la situación económica nacional se traduce, mes a mes, en más familias que necesitan orientación, mediación o simplemente alguien que las escuche. Que el organismo haya crecido un 45% en un año, incluso durante los meses en que tuvo que mudarse de edificio, dice algo importante sobre cuánta gente está llegando al límite.