Un jurado popular juzga a un empresario neuquino acusado de abusar durante 19 años de una mujer desde que era niña

Hay causas que pesan de una manera particular. Este jueves arrancó en la Ciudad Judicial de Neuquén uno de los juicios más dolorosos de los últimos tiempos en la provincia: un jurado popular comenzó a escuchar los cargos contra J.R., un empresario cuya identidad completa se reserva para proteger a la víctima, acusado de haber abusado sexualmente de una mujer desde que era una niña y durante 19 años consecutivos, en distintos contextos y lugares de total confianza para ella.

La acusación está a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatte, del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. En el alegato de apertura, Breide fue directo con el jurado: a lo largo del juicio quedará demostrado que los hechos ocurrieron, que el acusado es un manipulador y que es culpable. La querella particular, ejercida por el abogado Carlos Caroselli en representación de la víctima, adhirió en su totalidad a esa acusación.

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, los abusos comenzaron cuando la víctima era menor de edad y se extendieron hasta su etapa adulta, en lo que la asistente letrada Sabatte describió como una situación que permaneció en secreto durante años dentro del ámbito familiar. Fue la propia víctima quien, ya mayor de edad, decidió romper ese silencio y realizar la denuncia, un acto de enorme valentía que la fiscalía destacó como el punto de partida de toda la investigación. Los hechos ocurrieron principalmente en el domicilio en el que ambos convivieron hasta el año 2020, pero también en las oficinas de distintas empresas del imputado en Neuquén, en hoteles durante viajes que realizaba junto a la víctima y en un camión de transporte de mercadería equipado con una cama.

Los delitos por los que el empresario fue llevado a juicio son abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño físico y mental causado a la víctima, por haber sido el encargado de su guarda y por haberse cometido contra una menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente, en concurso ideal con corrupción de menores continuada. El juez técnico Marco Lupica Cristo conduce el debate y, en caso de que el jurado emita un veredicto de culpabilidad, será el encargado de determinar la pena.

El camino hasta este juicio no estuvo libre de obstáculos. La defensa intentó en más de una oportunidad frenar el proceso: primero argumentando que el acusado padecía una enfermedad que le impediría afrontar el juicio, planteo que fue desestimado por el juez de garantías Juan Manuel Kees tras una serie de estudios médicos impulsados por la fiscalía que concluyeron que J.R. está en condiciones de ser juzgado. También intentó excluir testigos y declarar abandonada la participación de la querella porque la víctima no estuvo presente en una audiencia previa. El Tribunal de Impugnación rechazó ambos planteos por unanimidad, dejando en claro que la víctima tiene derecho a participar del proceso a través de su representante legal y que las particularidades del caso, el tipo de delito y la carga emocional que implica para ella estar presente en cada instancia, no pueden ser utilizadas en su contra.

El juicio está programado para extenderse hasta el próximo 2 de julio. Cuarenta testigos desfilarán ante el jurado: la propia víctima, familiares, personas del entorno del acusado, peritos y profesionales de diversas áreas. Sus relatos serán los que determinen si este hombre responde ante la Justicia por casi dos décadas de violencia sexual ejercida desde una posición de poder y confianza.