El gobierno de Figueroa profundiza la depuración del Estado: dos trabajadoras de salud fueron cesanteadas por abandono de cargo

El Estado provincial no es una caja donde cobrar sin rendir cuentas. Esa es la premisa que el gobernador Rolando Figueroa instaló desde el primer día de su gestión y que se traduce, semana tras semana, en nuevas desvinculaciones de agentes que no cumplieron con sus obligaciones laborales. Esta vez, las cesantías recayeron sobre dos trabajadoras del sector salud cuyos legajos reflejaban prolongadas ausencias injustificadas que el sistema institucional agotó todas las instancias para regularizar sin éxito.

El primer caso es el de Alejandra Noemí Chiguay, licenciada en Enfermería que prestaba servicios en el Hospital "Dr. Oscar Arraiz" de Villa La Angostura. El expediente que derivó en su cesantía documenta ausencias continuas e injustificadas durante todo el mes de abril de 2023 y los días previos desde el 31 de marzo. Más de un mes después del inicio de las inasistencias, Chiguay presentó un certificado médico fuera de término y de manera no reglamentaria. Fue convocada a control médico institucional pero no se presentó. El expediente refleja que, a partir de ese momento, la agente no volvió a comparecer al trabajo ni a gestionar ninguna regularización de su situación.

El segundo caso involucra a Nélida del Carmen Carrasco, mucama del Hospital "Dr. Alberto Herrera" de Plottier. Sus ausencias injustificadas se extendieron de manera casi ininterrumpida desde principios de julio hasta el primero de noviembre de 2023, con distintos tramos documentados a lo largo de ese período. Según consta en el expediente, Carrasco había agotado previamente las instancias de licencia por largo tratamiento, habiendo permanecido más de cuatro años bajo ese régimen hasta julio de 2021, lo que significa que la institución sostuvo el vínculo laboral durante un tiempo prolongado antes de llegar a la desvinculación.

En ambos casos, la Provincia no solo procedió a la cesantía sino que además inició expedientes para determinar si las ex agentes cobraron remuneraciones por jornadas que no trabajaron. Si así se confirmara, el Estado buscará recuperar esas sumas por la vía judicial.

La medida se enmarca en una política más amplia de auditoría y transparencia en el empleo público que la gestión Figueroa viene sosteniendo desde su inicio. Cuidar los recursos del Estado no es un fin en sí mismo: es una condición para que esos recursos lleguen a quienes los necesitan. Cada peso que se destina a quien no cumple es un peso que no llega a los hospitales, a las escuelas y a los servicios que sostienen la vida cotidiana de los neuquinos.