RedacciónLa causa judicial contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, continúa avanzando —aunque más despacio de lo que la fiscalía hubiera querido. La jueza de Garantías Carina Álvarez postergó hasta este jueves a las 9.30 la audiencia donde deberá resolver las medidas cautelares que todavía están pendientes, entre ellas la más importante: si Bertolini cumplirá arresto domiciliario como medida de coerción.
La decisión llegó tras una extensa jornada del martes que se extendió por más de cinco horas y media, en la que la defensa del intendente —encabezada por el abogado José Pino Muñoz— aprovechó cada herramienta procesal disponible para estirar los tiempos y frenar la formulación de cargos. Bertolini está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública.
Por qué la fiscalía pide la domiciliaria
La fiscal Rocío Rivero solicitó la prisión domiciliaria para evitar que Bertolini regrese a trabajar en la Municipalidad de Plottier, donde hay testigos que declararon sentirse amenazados ante la posibilidad de que el intendente vuelva a ejercer sus funciones. La medida busca preservar la integridad del proceso y proteger a quienes colaboraron con la investigación.
Frente a esto, la defensa presentó una propuesta alternativa: que Bertolini pueda retomar actividades laborales en una oficina ubicada en el barrio Caminos del Sol —donde funciona el área municipal de Ambiente—, a más de diez cuadras de la sede municipal. En la misma línea, la subsecretaria de Hacienda Gladys Ramírez, también imputada pero sin domiciliaria impuesta por residir en Cipolletti, pidió poder trabajar en ese mismo lugar.
160 contratos, sin licitación y con comisiones
El esquema de corrupción que describe la Fiscalía de Delitos Económicos es contundente: 160 contratos adjudicados a las empresas Valco y Altus SA —vinculadas al empresario Pedro Vílchez— por un total de más de 2.300 millones de pesos, otorgados sin licitación pública, sin concurso de precios y con expedientes incompletos. Vílchez es socio de Mauricio López, hijo justamente de la subsecretaria de Hacienda Ramírez.
Según testimonios de empleados municipales, el propio Bertolini habría dado instrucciones al área de Compras para que Vílchez fuera invitado sistemáticamente a cotizar, y se habrían cobrado comisiones de entre el 1,8% y el 2,1% para sostener ese esquema de negocios dentro del municipio.
La justicia ya autorizó embargos en las cuentas de Vílchez y López por 4.600 millones de pesos por un plazo de tres meses, aunque esa cifra no alcanzaría a cubrir el total del perjuicio. Lo que todavía debe definir la jueza es si aplica una inhibición general de bienes, una medida mucho más restrictiva que la defensa rechaza de plano por considerar que implicaría el fin de la actividad económica de los imputados.
Todo quedará en manos de la jueza Álvarez este jueves por la mañana.
