RedacciónEn un video que circula ampliamente en redes sociales, la legisladora sostuvo que, si se acepta que un niño de 8 años puede recibir el sacramento de la confesión en la Iglesia Católica, entonces “también podría ser considerado imputable penalmente”. La frase fue parte de su intervención en el que defendía argumentos a favor de bajar la edad de imputabilidad.
La comparación —vinculando un acto religioso con una capacidad jurídica penal— fue recibida con sorpresa por varios sectores del arco político y también por usuarios en redes sociales, que calificaron la afirmación de inexacta o fuera de lugar para un argumento legislativo.
Aunque Márquez se refirió a un ejemplo vinculado a prácticas de fe católica —una referencia cultural común pero no equivalente legal— muchos analistas y opositores intervinieron en el debate para enfatizar que las capacidades civiles y penales no se miden de la misma forma que los ritos religiosos, y que la legislación debe sostenerse en criterios jurídicos, psicológicos y de derechos humanos.
Voces dentro y fuera del Senado señalaron que la imputabilidad penal —es decir, la capacidad de responder penalmente por un delito— es un concepto estrictamente jurídico que requiere evaluación científica y legal, no una analogía con prácticas culturales o religiosas.
La intervención de Márquez se dio en medio de una jornada en la que los legisladores intensificaron sus exposiciones sobre distintos aspectos de la reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone, entre otras cosas, revisar la edad mínima a partir de la cual un/a menor puede ser juzgado penalmente.
Video de @tmacosta.okhttps://www.instagram.com/reel/DVUfoI7jrJ4/?igsh=NHVwbXdyNnY4MnVk
