RedacciónLa muerte de un médico anestesista joven en la Ciudad de Buenos Aires abrió una investigación judicial que puso bajo la lupa a profesionales de la salud y a dos instituciones clave: el Hospital Rivadavia y el Hospital Italiano.
El hecho ocurrió a fines de febrero, cuando un residente —identificado como Alejandro Zalazar, de 29 años— fue encontrado sin vida en su departamento. La principal hipótesis indica que murió por una sobredosis de anestésicos de uso hospitalario, específicamente propofol y fentanilo.
En el lugar donde fue encontrado el cuerpo, la policía secuestró medicamentos, insumos médicos y una bomba de infusión, elementos que no deberían estar fuera del circuito hospitalario.
A partir de la trazabilidad de esos fármacos, los investigadores detectaron que provenían del Hospital Italiano, lo que derivó en una denuncia por posible robo de estupefacientes dentro de la institución.
El propio hospital confirmó luego la existencia de faltantes en el área de anestesiología y la apertura de un sumario interno, además de la intervención de la Justicia.
Con el avance de la investigación, comenzaron a surgir dos líneas principales:
Según las versiones que circulan en el expediente, se habrían realizado encuentros donde se ofrecían “viajes controlados”, es decir, la administración de anestésicos bajo supervisión para inducir estados de sedación profunda.
Otra hipótesis menciona reuniones privadas donde también se consumían estas sustancias, aunque estos aspectos aún están en etapa de investigación y no fueron confirmados judicialmente.
Tras la denuncia, el Hospital Italiano informó que separó de sus funciones a los profesionales involucrados y reforzó los controles sobre el manejo de estupefacientes.
Además, se inició una revisión interna de los protocolos de seguridad para evitar nuevos desvíos de medicamentos, una problemática que —según señalaron— no sería exclusiva de una sola institución.
El episodio no solo generó impacto en el ámbito médico, sino que también abrió interrogantes sobre:
Mientras la Justicia avanza con la investigación, el caso ya dejó una consecuencia clara: puso en agenda una problemática poco visible dentro del sistema de salud argentino.
