El Gobierno frena una suba clave en combustibles para contener el impacto en los precios

En un contexto de subas sostenidas en los combustibles, el Gobierno nacional decidió postergar la actualización de un impuesto clave sobre las naftas y el gasoil, con el objetivo de evitar un impacto directo en los precios que pagan los consumidores.

La medida alcanza al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al impuesto al dióxido de carbono, cuya actualización estaba prevista para los próximos días. Sin embargo, el Ejecutivo resolvió diferir ese aumento para contener el traslado a los surtidores en un escenario de fuerte presión inflacionaria.

La decisión se da en un momento particular: en marzo, los combustibles acumularon aumentos cercanos al 20%, impulsados por la suba del precio internacional del petróleo, que superó los 100 dólares por barril en medio del conflicto en Medio Oriente.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es “acompañar al consumidor” y evitar un nuevo salto en los precios, ya que cada actualización de estos impuestos suele trasladarse de forma directa al valor final de la nafta y el gasoil.

Además de la postergación impositiva, el Ejecutivo avanzó con cambios técnicos en la composición de los combustibles. A través de una resolución, habilitó a las refinadoras a aumentar de manera voluntaria el porcentaje de bioetanol en las naftas y biodiesel en el gasoil, una medida que busca reducir costos y amortiguar la suba del crudo.

En la práctica, estas decisiones forman parte de una estrategia más amplia para contener la inflación sin intervenir directamente en el mercado, en un escenario donde el precio de la energía se volvió uno de los factores más sensibles para la economía.

No es la primera vez que se aplica una medida de este tipo: en los últimos años, el Gobierno ya había optado por postergar o aplicar parcialmente los aumentos impositivos para evitar impactos bruscos en los combustibles, aunque esto implica resignar ingresos fiscales.

Así, el Ejecutivo vuelve a moverse en un delicado equilibrio entre sostener la recaudación y evitar que el aumento del precio internacional del petróleo se traslade con mayor fuerza al bolsillo de los argentinos.